Hyundai lanzó la Tucson 2014 con mejoras en la eficiencia y en las prestaciones. Según la empresa, su alto valor en Argentina(desde los 48.900 hasta los 82.300 dólares) se debe al “Impuestazo”, al que considera un “impuesto adicional que provoca distorsiones dañinas”.
La marca surcoreana fue una de las más perjudicadas por la aplicación del impuesto a los bienes de lujo que afectó a la industria automotriz. A pesar de ello, continúa adelante con sus lanzamientos en el país pero avisa que los precios no son “competitivos” debido a que sus vehículos han caído en un “impuesto adicional que provoca distorsiones dañinas”.
Bajo esas condiciones se lanzó la Tucson 2014, un SUV mediano que busca mejorar la experiencia de los usuarios con un nuevo motor naftero tanto para las versiones 4×2 como para las 4×4, el 2.0 DOHC CVVT. Este motor cuenta con tecnologías enfocadas en la eficiencia, cuestión que sumada a la flamante transmisión manual de seis velocidades (que sustituye a una de cinco marchas), da como resultado una reducción del consumo. En las versiones automáticas se mantiene la ya probada caja secuencial de seis marchas.
A nivel visual lo más sobresaliente es la inclusión de los faros proyectores y del sistema LED DRL (Daylight Running Lamps), el nuevo diseño de las llantas de aleación de 17 pulgadas y la renovación de los tapizados interiores. En cuanto a sistemas de confort, Hyundai decidió equipar para todas las versiones un sistema de sonido de última generacíon con Bluetooth, que se suma a un apartado tecnológico que todavía carece de pantalla táctil con navegador satelital.
Volviendo al tema del precio, Ernesto Cavicchioli, vicepresidente de Hyundai Motor Argentina, considera que la medida tomada por el gobierno lo único que genera es un encarecimiento artificial de una gama de productos complementaria a la producción nacional, perjudicando a todos los actores del mercado, principalmente al consumidor.
Volviendo al tema del precio, Ernesto Cavicchioli, vicepresidente de Hyundai Motor Argentina, considera que la medida tomada por el gobierno lo único que genera es un encarecimiento artificial de una gama de productos complementaria a la producción nacional, perjudicando a todos los actores del mercado, principalmente al consumidor.
