Ayer, finalmente, el Conseil d'État (el máximo órgano jurídico en cuestiones administrativas) ha dado la razón a Mercedes-Benz y confirmó la decisión tomada en agosto del año pasado de levantar esa medida cautelarmente. El tribunal añade, además, que el Estado no pudo demostrar el impacto nefasto de esos coches, pues las ventas de Mercedes representan una parte ínfima del parque motor galo (4.600 coches vendidos en abril de 2014).
Si bien esta decisión no cambia nada a efectos prácticos e inmediatos para Mercedes-Benz, pues desde el pasado mes de agosto podía vender esos modelos en territorio francés, tiene dos posibles lecturas directas.
La primera es que un tribunal superior, al darle la razón, deja vía libre a Mercedes-Benz para seguir usando el líquido de la discordia. Y la segunda, que todo el mundo sabía, es que no ha sido más que un decisión política en la que Francia intentaba presionar a Alemania cuando se negociaba el nuevo límite de CO2 de la Unión Europea.
